Mientras el desgobierno social-comunista, con la anuencia de las organizaciones sindicales hermanas, tiene prácticamente decididas las reformas que afectarán a la jubilación de los españoles y, por tanto, a sus pensiones, de manera que se ampliará hasta los 67 años la edad de jubilación, los legisladores, esto es, los parlamentarios se autoexcluyen de la reforma.
Tal como recoge hoy el diario “La Razón”, la diputada por UPyD, ROSA DÍEZ presentó hasta tres escritos en las mesas de congreso y senado al objeto de que fuera atendida una petición de la diputada en la que instaba un ejercicio de responsabilidad por parte de las cortes generales, en el sentido de revisar el sistema de protección social y pensiones, privilegiado y exclusivo, de que gozan los parlamentarios. En anteriores entradas de este blog ya se hizo referencia a dicho sistema, por lo que nos remitimos a dichas entradas.
Al parecer, siguiendo la noticia del diario referido, al presentar el tercer escrito ya se le respondió que “el parlamento consideraba válido y adecuado” el sistema de protección social y de pensiones establecido para diputados y senadores y que no había intención de cambiarlo.
Pero, ahora, la respuesta procede del letrado mayor de las cortes generales, quien se ha dirigido por escrito a la referida diputada para explicarle los motivos que harán decaer la propuesta de la diputada; los dos motivos son: de una parte, “que la situación de diputados y senadores no es comparable a la del conjunto de los ciudadanos ya que aquéllos son representantes del pueblo español y no tienen una relación laboral no estatutaria con las cámaras a las que pertenecen”. El segundo motivo alude al Derecho comparado y refiere que “las Cortes Generales no son las únicas que prevén un régimen de protección social para sus parlamentarios que incluyen prestaciones sobre presiones, además de que ni siquiera han sido pioneras en esta cuestión”. En especial hace referencia a las pensiones de jubilación de parlamentarios alemanes, británicos, franceses e italianos..
Es más, defiende también “la indemnización por cese de actividad parlamentaria ya que sus señorías no tienen derecho al subsidio por desempleo”
Para los parlamentarios españoles, sus pensiones de jubilación se situarían, en comparación con los parlamentarios de esos países, en un nivel medio/bajo.
Estos individuos, que se permiten el lujo de elaborar bochornosas, ignominiosas e indecentes normas, por indignas, para sus destinatarios, tales como desempleados, pensionistas y contribuyentes en general, tratan de preservar, eso sí, sus privilegios.
Los desempleados en España, gracias a la labor legisladora de estos personajes nauseabundos, vomitivos, se ven abocados a la miseria misma; a la indignidad, a lo que ahora denominan como exclusión social. Los pensionistas, desgraciadamente, siguen por el camino de los desempleados, viendo cómo se recortan sus pensiones y viendo cómo se pretende incrementar la edad de jubilación para ver mermados, así, sus ingresos.
Cerca de 1.300.000 familias en España tienen a todos sus miembros en el desempleo; no se conoce la cifra exacta de cuántas de esas familias no generan ingreso alguno; 5 millones de desempleados apenas llegan a la mera subsistencia. Mientras, nuestra infame clase política celebra las pascuas, militares o no, con copa y aperitivo que no pueden faltar; o bien se rompen las narices esquiando. No se ve a político alguno afligido; ellos derrochan y tiran con la “pólvora ajena”, con el dinero del contribuyente.
En el fondo, hasta tienen suerte estos políticos españoles; en otros países algún político ha sufrido en sus carnes la violencia por parte de personas desesperadas, precisamente, por las situaciones que generan los propios políticos.
Los edificios del congreso y del senado, así como los de los parlamentos autonómicos, e incluso del parlamento europeo, deberían ser demolidos y construir en su lugar viviendas sociales o simplemente adecuarlos para tal fin; y los inquilinos de aquellos edificios, ubicados en los distintos centros penitenciarios distribuidos por la geografía europea; y tras pasar algún tiempo entre sus paredes, que accedieran a un ignominioso desempleo de 420 euros mensuales. Y cuando agotaran la prestación… que conozcan y mamen de su propia legislación.
Y es que hay que tener poca vergüenza para acudir al Derecho comparado cuando tratan de justificar lo injustificable. ¿Legislarán alguna vez en beneficio de sus “representados?. ¿Equipararán los salarios míseros de la mayoría de los españoles a los salarios de los ciudadanos de esos países europeos a los que pretenden homologarse? ¿Equipararán las pensiones a las pensiones de esos mismos ciudadanos?
Cuando formulan tal clase de justificaciones están insultando al ciudadano, al contribuyente, al desempleado, al pensionista; y ante el insulto, cabe la lógica reacción, pues la justicia es absolutamente inoperante.
¡Ay, España¡ ¡Quién te ha visto y quién te ve!. ¿Merecemos esta basura?
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