Los hechos acaecidos en torno al presidente de la Diputación de Alicante, JOAQUIN RIPOLL, en el día de ayer, 6 de julio aproximan de manera inexorable, cada día más, a estos restos de la nación otrora conocida como España, a una dictadura. Este régimen que se pretende construir sobre aquellos restos es perfectamente equiparable a los regímenes cubano, venezolano, boliviano, argentino; a cualquiera de los regímenes de similar corte que abundan por el continente africano.
En el día de ayer, la Policía difundió una nota de prensa (veáse en www.policía.es) en la que relata los detalles de la operación realizada, dentro de lo que denominan la "operación Brugal". La nota contiene tres párrafos de los cuales se transcriben íntegramente los dos primeros.
"Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en el día de hoy un amplio dispositivo en el marco de la operación “Brugal”, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el que se han practicado once detenciones. Entre los arrestados se encuentran el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, tres concejales de la localidad de Orihuela y varios empresarios. Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. El operativo se ha centrado en la localidad alicantina de Orihuela, Alicante y Valencia. Se han practicado 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en organismos oficiales, como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Los detenidos comparecerán ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días".
El resultado es que el señor RIPOLL permaneció detenido por espacio de doce horas.
Hasta aqui todo aparentemente correcto; la noche anterior, según la prensa, el ministro del Interior telefoneaba a Mariano Rajoy al objeto de manenerle informado acerca de la operación a desarrollar.
La nota dice textualmente que el operativo en cuestión ha sido realizado bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Orihuela.
En el día de hoy, 7 de julio, dicho Órgano judicial, a través del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha difunido una nota entre la que se puede extraer:
"1. Las Diligencias Previas 851/07 se hallan todavía bajo secreto sumarial, por lo que deberá respetarse dicha situación procesal entretanto no varíe la misma. No obstante, debe indicarse que desde su incoación en el mes de marzo de 2007 han estado en tal situación y la Instrucción ha sido asumida por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. El actual Magistrado asumió la causa tras su incorporación al Juzgado a finales del mes de febrero del presente año 2010, por lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación bajo secreto decretado por otros instructores.
...
6. Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.
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8. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante el día de hoy".
Es decir la Policía ha actuado siguiendo los criterios del mando o mandos que han ordenado la detención de un ciudadano sin que mediara orden judicial alguna. Si en España operara la Justicia, quien debiera estar imputado y siendo objeto de declaración es el mando o lo mandos que ordenaron la operación, comenzando por el ministro del Interior.
¿Qué dirá el fiscal general del Estado?
No se investiga el caso Faisán; el dinero del caso MATSA en Andalucía no se ha investigado; el caso Bono tampoco. Pero el señor RIPOLL tiene la desgracia de pertenecer al Partido Popular. Muchísimos casos que afectan al partido del desgobierno y que pretende instaurar una dictadura en la anteriormente denominada España, sistemáticamente, no se investigan; corre peligro, incluso, quien se atreva a denunciar tales casos.
La decisión de la detención del señor RIPOLL y de otros cargos de la provincia de Alicante es una decisión política, absolutamente contraria a lo que se defiende en un Estado de Derecho; se trata de una decisión ilegal, antijurídica que debiera concluir en el procesamiento de todos y cada uno de los intervinientes en la operación, comenzando por sus mandos.
Mientras, el concepto de España queda reducido al absurdo futbolístico. Y decían de FRANCO; estos son los que han desarrollado en toda su extensión el viejo aforismo de "panem et circenses". ¡Lástima de País!. Cuando nos estamos viendo abocados inexorablemente a la más férrea de las dictaduras, todos contentos con el balón.
España ya no es un Estado de Derecho, sino policial para detener a los de derechas.
¿Otro 36?
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