No contento el desgobierno que preside el innombrable con anunciar la ampliación de la vida laboral hasta los 67 años y, en consecuencia, ampliar así el período de cotización, el secretario de Estado de la Seguridad Social que, por decencia, debiera haber cesado en el cargo, OCTAVIO GRANADO, vino a afirmar que “no retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años obligaría a tomar otra alternativa, que podría ser congelar o rebajar las pensiones”. O sea, o a tragar con una medida o a tragar con la otra o, quién sabe, con ambas.
Mientras tanto, el desgobierno social-comunista se mantiene en su actitud de desgobierno, de la mentira sistemática.
El desgobierno envió a la Comisión Europea la denominada “Actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013”; en dicha actualización incluía la propuesta de elevar de 15 a 25 años el período para el cálculo de las pensiones.
El documento, que consta de 45 páginas (incluida portada) y que es un refrito de la ley de economía insostenible, utilizándose el corta y pega, , tras el Índice, en el punto 1, Resumen ejecutivo, comienza con la siguiente afirmación: “Durante el año 2009 la economía española experimentó la recesión más profunda de la historia reciente, al igual que el resto de países desarrollados. Sólo la acción concertada de todas las autoridades económicas evitó que se produjera un deterioro aún más acusado de la actividad, con el coste social que ello hubiera supuesto. La contrapartida ha sido un notable deterioro de las finanzas públicas, que será necesario corregir en los próximos años, tal y como exige nuestra legislación sobre estabilidad presupuestaria y en cumplimiento con la normativa comunitaria. Por eso, esta Actualización del Programa de Estabilidad detalla las acciones que se van a emprender en los próximos años para atender a la Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 2009, bajo el artículo 126.7 del Tratado, de corregir el déficit excesivo a más tardar en 2013”.
Es decir, ya echa balones fuera y se escuda en que la recesión ha afectado a todos los países desarrollados.
En un acto de cinismo y caradura viene a decir que la actuación concertada de las autoridades (¿existen?) económicas ha impedido un deterioro aún mayor. Gracias a esas supuestas autoridades y al desgobierno del impresentable estamos en la situación en que nos encontramos actualmente en España (o en lo que queda de ella).
El párrafo tercero del referido primer punto recoge:
“La estrategia de salida fiscal de las Administraciones Públicas combina una firme restricción del gasto con un incremento moderado de los ingresos. De hecho, el proceso de consolidación se inició ya con los Presupuestos Generales del Estado para 2010, al elevar determinados impuestos y reducir los gastos corrientes de forma significativa. Posteriormente, el 29 de enero de 2010, el Gobierno aprobó dos planes de recorte del gasto público en el ámbito de la Administración General del Estado (Plan de Acción Inmediata 2010 y Plan de Austeridad 2011-2013) y propuso dos Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que detallan las medidas que van a permitir el ajuste de gasto requerido, comprometiendo a todos los niveles de la Administración Pública en el empeño. Además, en el medio y largo plazo, también se están adoptando iniciativas que mejorarán significativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Así, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (ya en proceso de tramitación) contempla la eliminación parcial de la deducción por inversión en vivienda y, además, el Gobierno el 29 de enero de 2010 ha planteado al Pacto de Toledo y al Diálogo Social una ambiciosa reforma del sistema de pensiones que modifica algunos parámetros del actual sistema (incluida la edad legal de jubilación) y mejora el sistema de ayudas familiares y los incentivos a la previsión social complementaria”.
Las directrices son claras, al menos en teoría: reducción del gasto y aumento de los ingresos (esto es, aumento de los impuestos, como ya se ha anunciado para el segundo semestre con el IVA); respecto de la reducción del gasto no se lo creen ni ellos mismos, aunque es posible que se adopten medidas que graven al contribuyente todavía más; así, ya se prevé la eliminación de algún tipo de ayudas, como la eliminación parcial (¿por qué no decir total?) de la deducción por inversión en vivienda, así como la reforma del sistema de pensiones (vuelta de tuerca a los trabajadores en activo y a los pensionistas).
Y el párrafo cuarto dice:
“La remisión de esta Actualización a las instituciones comunitarias fue aprobada en el Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010”.
Esto es, nos encontramos ante un acuerdo del Consejo de Ministros, que adquiere la forma de documento con todas sus consecuencias y que se ha remitido a la Comisión Europea.
El punto 2 del documento, Marco general de política económica y estrategia de salida de la crisis, en su punto 2.1, La estrategia de salida de la crisis, además de recoger una serie de obviedades, vaguedades, generalizaciones absurdas, en definitiva, una sarta de sandeces absolutamente impresentable, como por ejemplo que ya se apuntan signos de recuperación. ¡Hay que echarle cara! El día 29 aseveran en un documento que hay signos de recuperación y dos días más tarde la realidad desmiente al desgobierno mentiroso: 125.000 parados más; 250.000 trabajadores menos afiliados a la Seguridad Social y todos los indicadores por los suelos. ¿Esta es la recuperación? ¡Qué panda!
El párrafo 12 recoge:
“Para garantizar la sostenibilidad social es importante reforzar el Sistema de la Seguridad Social y, por ello, el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010 trasladar a la Comisión del Pacto de Toledo y al Diálogo Social una serie de medidas de amplio calado. En concreto, la propuesta de reforma supone que la edad legal de jubilación aumente progresivamente en los próximos años hasta situarse en 67 años y que otros parámetros del actual sistema se modifiquen consecuentemente. Pero la reforma va más allá, ya que se propone ampliar el número de años computados para calcular la pensión e incorporar elementos nocionales en el sistema, mejorar el sistema de ayudas familiares y los incentivos a la previsión social complementaria. Como se detalla en el apartado 7 de la presente Actualización, una implementación ambiciosa de estas propuestas reducirá significativamente el gasto proyectado asociado al envejecimiento, en casi 4 puntos porcentuales del PIB a partir de 2030. Esto supone recortar a la mitad el incremento previsto en ausencia de reformas”.
Desde luego, amplio calado; tanto calado que como sigan calando van a dejar a los trabajadores y a los pensionistas al borde de la mendicidad callejera. De hecho, como ha calado en los bolsillos de los pensionistas para el presente ejercicio.
La ampliación progresiva a los 67 años de la vida laboral y la ampliación de los años a computar son propuestas que se recogen en el documento. ¿A qué se referirán con la incorporación de elementos nocionales?
El punto 7 refiere la Sostenibilidad de las finanzas públicas. Se reproduce íntegramente el punto 7.2.
“7.2 Estrategia.
Aunque la presión del gasto público asociado al envejecimiento se manifestará en el largo plazo, la adopción temprana pero progresiva de medidas paliativas permitirá modular su coste en el corto plazo. Por este motivo, en cumplimiento con los compromisos adquiridos en la Estrategia para la Economía Sostenible, el Gobierno acordó, en el Consejo de Ministros del 29 de enero de 2010, trasladar al Pacto de Toledo y al Diálogo Social un ambicioso programa de reformas que van a suponer una importante transformación del sistema de pensiones español. Si a esto se añade, el reequilibrio de las cuentas públicas, el aumento de la tasa de empleo y el incremento de la productividad que forman parte integral de la estrategia de salida de la crisis española presentada en esta Actualización, la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece plenamente garantizada.
Reforma del sistema de pensiones
Las últimas reformas en materia de Seguridad Social, adoptadas en 2002 y 2007, fueron valoradas positivamente por la Comisión Europea, estimando su impacto conjunto en un aumento de la edad media de salida del mercado de trabajo de 1,3 años entre 2006 y 2025. Sin embargo, el deterioro reciente de los indicadores de sostenibilidad y las nuevas proyecciones demográficas ponen de manifiesto la necesidad de implementar transformaciones más ambiciosas, en línea con las realizadas en la mayoría de nuestros socios comunitarios en los últimos años. Así, las propuestas que el Gobierno va a trasladar al Pacto de Toledo y al Diálogo Social suponen: i) un reforzamiento de la relación entre cotización y prestación (incluyendo el posible establecimiento de cuentas nocionales en una parte del sistema); ii) la introducción de mayor transparencia en los procesos de cotización; iii) la culminación del proceso de integración de regímenes; iv) una política suficiente y más eficaz de ayudas familiares; v) una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de la Seguridad Social; y vi) la elevación progresiva de la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años y la posible vinculación de otros parámetros del actual sistema (edad mínima de jubilación, número de mínimo de años cotizados para acceder a la pensión y periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras) a este alargamiento de la vida laboral. Esta última propuesta es de importancia capital, ya que dado que cada década se produce un aumento aproximado de un año en la esperanza de vida, cada vez es mayor el número de pensiones que debe financiar el sistema sin que sus ingresos aumenten en la misma proporción. De acuerdo con los estudios disponibles para España, el impacto de estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento puede ser muy importante. En concreto, cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa. Consolidación de las finanzas públicas y Fondo de Reserva de la Seguridad Social Si a esto se añade la estrategia de consolidación fiscal 2010-2013 presentada en el apartado 4, que implica la desaparición del déficit estructural primario en 2013, el indicador de sostenibilidad agregado (S2) de España se situará entre los más favorables de los socios comunitarios. Además, es preciso señalar los activos de reserva con los que ya se cuenta en el sistema de pensiones, gracias a los superávits de la Seguridad Social alcanzados incluso en plena recesión. Desde su creación en 2000, las sucesivas dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social permiten contar en diciembre de 2009 con 60.022 millones de euros (5,7% del PIB) para atender necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas. La política de inversión, mantenida en 2009, se ha basado en los principios de seguridad, rentabilidad, diversificación de riesgos y adecuación al horizonte temporal del Fondo. En 2010, las previsiones de un superávit de la Seguridad Social del 0,5% del PIB dan lugar a que en el Presupuesto de la Seguridad Social figure un importe de 2.249,16 millones de euros como dotación prevista a este Fondo.
Control del gasto farmacéutico
Las medidas de control del gasto farmacéutico continúan teniendo un efecto muy positivo. El año 2008 se cerró con un crecimiento del 6,9%, lejos de las tasas de dos dígitos que se registraban antes de 2004, y los datos disponibles de 2009 acentúan esta tendencia. A ello han contribuido las políticas de uso racional de los medicamentos, el efecto del sistema de precios de referencia y el aumento del uso de los medicamentos genéricos. En concreto, en mayo de 2009, entraron en vigor nuevas rebajas de precios como consecuencia de la aplicación del sistema de precios de referencia de los medicamentos, con un ahorro estimado de 343,6 millones de euros. Además, se aprobó la Orden Ministerial que determina los nuevos conjuntos y precios de referencia de los medicamentos para 2010, cuya entrada en vigor podría suponer un ahorro de 431,8 millones de euros.
Ley de Dependencia
Desde su aprobación en diciembre de 20068, se está procediendo a la puesta en marcha gradual del nuevo sistema de atención de la dependencia. Se espera completar su despliegue en el año 2015, lo que requiere la colaboración de todas las Administraciones Públicas para poder garantizar la atención y protección en todo el territorio nacional. De acuerdo con los datos de septiembre de 2009, el sistema atiende ya a 654 mil personas. Este despliegue progresivo supone un nuevo aumento en la dotación anual prevista en los Presupuestos Generales del Estado, que para 2010 asciende a 1.581,07 millones de euros, un 36,5% más que la dotación inicial del año anterior. Esta dotación incluye la financiación del mínimo garantizado por el Estado, el nivel convenido, la cobertura de ciertos gastos del sistema y las cuotas sociales de los cuidadores sanitarios no profesionales”.
El documento lo dice todo; no merece comentarse, si bien, cuando se habla del control del gasto farmacéutico cabrá esperar lo peor, que los pensionistas paguen los medicamentos. Al tiempo.
En síntesis, este es el documento aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010
Pues bien, el Diario “El Mundo” hoy, 3 de febrero recoge la noticia de que el gobierno da marcha atrás en su propuesta; que ésta se trataba de un simple ejemplo, de una simulación. A saber de quién ha partido la corrección actual (parece ser que a la Salgado). Si el acuerdo fue adoptado en Consejo de Ministros corresponde al mismo órgano la decisión de modificarlo. Por lo visto no se guardan ni las formalidades jurídicas. El máximo órgano de la Administración General del Estado ha quedado tan desprestigiado como el propio Estado; un detrito, un desecho. ¡Menudo descontrol! ¡Menudo desorden!. Nos toman por gilipollas.
¿Fue acaso el pasado Consejo de Ministros de 29 de enero de 2010 una simulación? Lo que no es simulación es la panda de iletrados que nos desgobierna. A esta información puede accederse a través del siguiente enlace:
¿Merecemos un gobierno que nos mienta? ¿Un gobierno que rectifica sin sentido alguno por el temor a las críticas? ¿Las medidas propuestas perjudican a las clases menos favorecidas que no pueden costear planes privados de pensiones?.
A ver si el presidente del desgobierno en su oración yankee sale iluminado y presenta su dimisión irrevocable,
Mientras diputados y senadores no equiparen sus ingresos al salario mínimo (ahora IPREM), seguiré insistiendo. Harto de que me roben, de que roben al contribuyente, reivindico la vuelta de JUAN CABALLERO “EL LERO”, JOSÉ MARÍA PELAGIO HINOJOSA COBACHO “EL TEMPRANILLO”, JOAQUÍN CAMARGO GÓMEZ “EL VIVILLO”, FRANCISCO RÍOS GONZÁLEZ “EL PERNALES”, LUIS CANDELAS, ANTONIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ “EL NIÑO DEL ARAHAL”, JUAN MINGOLLA GALLARDO “PASOS LARGOS”, ANTONIO LÓPEZ MARTÍN “EL NIÑO DE LA GLORIA”, JUAN MUÑOZ “EL CANUTO”, ANTONIO SÁNCHEZ “EL REVERTE”, FRANCISCO DE VILLENA, PACO “EL SASTRE”; según la historia todos ellos robaban a los ricos para darlo a los pobres. Eso sí, eran perseguidos por la Guardia Civil.
En la actualidad, el perseguido es el contribuyente.
(Continuará)
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