El Gobierno acaba de aprobar el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible que, en relación con internet y con los internautas, se traduce en la introdución de una serie de modificaciones normativas cuya finalidad, en esencia, es el bloqueo de páginas web que facilitan "descargas no autorizadas de contenidos protegidos".
Teóricamente, el procedimiento a seguir se encuadra dentro del denominado procedimiento administrativo, que puede culminar en el contencioso-administrativo, esto es, en los Tribunales de Justicia.
En el proceso administrativo propiamente dicho se crea, dependiente del Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual que va a estar compuesta por "expertos" en dicha materia y en internet. Este órgano administrativo será quien reciba las denuncias, decidiendo en cada caso si se infringen los derechos de propiedad intelectual. Se abre un plazo de alegaciones para que los denunciados puedan formular lo que convenga a su derecho y si la Comisión entiende que se infringe la ley ordenará la retirada del material o el bloqueo de la web.
La segunda fase es la contencioso-administrativa, ante una Juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; se instaura un procedimiento rápido que puede concluir con el decreto del cierre cautelar de la página en unplazo máximo de 4 días.
No vamos a entrar en valoraciones ahora. Pero, la condición de expertos en propiedad intelectual y en internet, especialmente en internet ¿quién la otorga? ¿Cómo se acredita ser experto en internet? Estoy convencido que cualquier internauta es tan experto como cualquiera de los que puedan conformar la Comisión en cuestión. Estaremos ante una Comisión de marcado carácter político y, en todo caso, ante una Comisión creada "ad hoc" para favorecer intereses de grupos concretos, contra el interés general de los internautas. ¿Qué se va a esperar de este gobierno mentiroso, caciquil y liberticida?.
Se configura un orden jurisdiccional de excepción en la Audiencia Nacional y al Juez le viene todo dado por la propia Comisión, que ya ha decidido previamente, habiéndose convertido en juez y parte. A priori, este es un proceso exento de las mínimas garantías. El Juez de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si o si sobre el asunto que se le plantee ya prejuzgado. Y punto. Al Juez se le remitirá la decisión de la Comisión y si la decisión de ésta es que la página web vulnera o infringe los derechos de propiedad intelectual, aquél ha de limitarse a su cierre cautelar.
Desde luego, más que un procedimiento administrativo debiera encuadrarse en un procedimiento penal. ¿Por qué no tienen el valor de tipificarlo penalmente? Sencillamente, porque no existe en sociedad civilizada alguna una tipificación penal de las conductas que aqui pretenden perseguirse por la vía administrativa.
¿Cuánto costará al contribuyente el nuevo engendro?
Sensu contrario, si lo que se pretende es prohibir las descargas, que diga el Gobierno qué descargas quiere evitar: ¿cine? ¿música? ¿Eliminará el gobierno las ayudas a estos sectores, que paga el contribuyente-consumidor-usuario?
Pero si el contribuyente ya está pagando a los titiriteros por la vía de las subvenciones y ayudas ¿con qué cara pueden hablar de derechos? El único derecho SAGRADO es el del contribuyente que, pagando para mantener aquellas actividades, ahora se ve privado de poder consumirlas.
Habrá ocasión de profundizar en todo lo anterior, sin olvidar que es de dudosa eficacia y legalidad la intervención de los Jueces españoles acerca de páginas web alojadas en servidores de otros países.
Se incluye a continuación el siguiente
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
También puedes firmar la petición en:
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